Sanidad pública contra Amancio Ortega, la tecnología del cáncer

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Inaudito. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón se mostró contraria a la donación de 10 millones de euros procedentes de la Fundación Amancio Ortega para que la DGA los destine a la adquisición de aparatos de última tecnología contra el cáncer. Un hecho insólito. 

Según el propio colectivo, su comunidad "no tiene que recurrir, aceptar ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad. Aspiramos a una adecuada financiación de las necesidades mediante una fiscalidad progresiva que redistribuya recursos priorizando a la sanidad pública", explicó. 

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón forma parte de la FADSP, una federación de asociaciones de profesionales progresistas relacionados con la sanidad (médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, psicólogos, trabajadores sociales, gestores, economistas, etc.), interesados en la defensa y la mejora del sistema sanitario público.

El colectivo de sanitarios explicó que un sistema sanitario público que garantice el acceso a una atención de salud de calidad en condiciones de igualdad. Por ello,señaló que "lo primero que debe hacer el Gobierno de Aragón es instaurar medidas para recuperar el derecho universal a la salud perdido desde el 2012.

Y solucionar urgente las carencias que desbordan centros y profesionales, falta de material, bajas que no se reponen, cierres de camas o el fraude de las listas de espera".

La Asociación de Aragón no fue la única en rechazar la donación de Amancio Ortega. El 1 de junio, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias también expresó su rechazo ante la donación de 17 millones del dueño de Inditex.

"Si tan preocupada está la Fundación por la salud, teniendo en cuenta que su ropa se elabora en gran parte deslocalizada en países como Marruecos o Bangladesh, que mejore las condiciones de trabajo de las personas que directamente o mediante subcontratas trabajan en condiciones de explotación y grave riesgo para su salud y su vida, y que trabaje para corregir las violaciones de los derechos humanos que se producen en la cadena de producción textil. Todavía está muy fresco el recuerdo de la tragedia del Rana Plaza, cerca de Bangladesh, con 1.134 muertos y más de 2.500 heridos", explicaron.  

La ADSPC afirmó que "no podemos sino sonrojarnos de vergüenza ajena" y recalcaron su rechazo al donativo. Añadieron que esta comunidad autónoma no tiene que aceptar ningún gesto similar y "menos aún de quien, siendo el mayor accionista de una de las mayores empresas y fortunas personales del Estado, tendría que demostrar no su filantropía sino su obligación de contribuir al erario público de forma proporcional a sus beneficios y en la misma proporción que el resto de los contribuyentes".